Recuento de un reclamo de 107 años
Lunes, 28 de noviembre de 2005
Por A. Quiñones Calderón
Especial para El Nuevo Día
Nota del editor: Antonio Quiñones Calderón es un experimentado periodista y autor de 22 libros, entre ellos Historia Política de Puerto Rico. Como parte de este artículo incluimos en Endi.com una amplia cronología del tema del status, preparada por el propio historiador.
Por más de 107 años, el liderato político de Puerto Rico ha estado demandando del Congreso y del Presidente de Estados Unidos la solución del status de la Isla, reclamo que “ha caído en oídos sordos”.
Si bien es cierto que la “temporal” Ley Foraker fue mantenida por el Congreso unos 17 años, contra las exigencias puertorriqueñas para su sustitución por una más liberal, y que desde entonces hasta la elección del Gobernador transcurrieron otras dos décadas, la tardanza e indiferencia ante los reclamos que vendrían después han más que reafirmado la dificultad y frustración de los puertorriqueños en su lucha por conseguir un régimen de gobierno propio.
Desde el inicio de la soberanía estadounidense sobre Puerto Rico en 1898, el liderato boricua ha reclamado al Congreso y al Ejecutivo federales el fin de “el oprobioso colonialismo”, las “verrugas coloniales”, el “déficit de democracia”, los “vestigios coloniales”, las “deficiencias democráticas”, y “la colonia más antigua del mundo”, al decir de las voces de diferentes e importantes líderes del patio en diferentes épocas. A lo largo del siglo, de varias formas y maneras, pacíficas y violentas, en no menos de 166 ocasiones, los puertorriqueños han llamado la atención por, o demandado del Congreso, como el principal centro de poder político decisivo sobre Puerto Rico, y de la Casa Blanca la solución del problema a todas luces colonial de la Isla.
Lo han hecho a través de propuestas de asambleas de pueblo, plebiscitos criollos, revuelta armada, resoluciones legislativas, comisiones de status, comités ad hoc, proyectos congresionales, audiencias en San Juan y Washington, conferencias internacionales, recursos judiciales a nivel federal, y hasta la recolección de firmas. Diferentes Ordenes Ejecutivas presidenciales han alimentado esos esfuerzos.
La peregrinación anual a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha agregado a esos esfuerzos.
El Colegio de Abogados y el Ateneo Puertorriqueño han añadido sus valiosas aportaciones a las propuestas de solución del perdurable problema. El primero lo ha hecho a través de reflexivos memoriales de su Comisión para el Estudio del Sistema Constitucional de Puerto Rico, mientras que el Ateneo Puertorriqueño, especialmente bajo la regencia de Eduardo Morales Coll, ha elaborado y divulgado unos juiciosos análisis, incluyendo una excelente resolución de su Comisión Especial para el Estudio del Futuro de Puerto Rico. Han puesto su granito de arena en esa lucha, partidos y movimientos autonomistas, estadistas e independentistas, alianzas, combinaciones políticas e ideológicas, y hasta “mogollas”. Nada ha producido los resultados anhelados. Por diversas vías se han colado los fracasos: el silencio de allá y el engaño, el afán de la prevalencia partidista, la jaibería, el rechazo directo o solapado por parte del pueblo, el veto y hasta la traición, de acá. La responsabilidad (o irresponsabilidad) parece compartirse en partes iguales: Congreso, Casa Blanca y liderato político puertorriqueño.
Las 166 gestiones ya anotadas se inician desde 1899 -18 meses después de la invasión- con Hostos, Henna y Zeno Gandía pidiendo al presidente William McKinley un plebiscito para que la Isla decida su futuro político. “Regresen a Puerto Rico, pónganse de acuerdo y vuelvan acá”, podría resumirse la respuesta. La reacción de Hostos es proponer una combinación de Asamblea de Pueblo y Plebiscito, idea que sucumbe ante la oposición de la facción integracionista de la isla. En 1900, la recién aprobada Ley Foraker alienta mayores bríos por una solución, incluyendo la radicación en el Congreso de proyectos para conceder la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, la elección de un Senado electivo o el otorgamiento de la Estadidad a la Isla.
En 1906 el presidente Theodore Roosevelt visita la Isla y recomienda al Congreso la concesión de la ciudadanía, pero se opone al resto de las demandas. Siete años después el presidente Woodrow Wilson propone brindar a los puertorriqueños “los más amplios y familiares derechos y privilegios acordados para nuestros propios ciudadanos en los territorios”, de lo que surge la Ley Jones de 1917, que tampoco cumple con las expectativas boricuas. Seguirá la propuesta de plebiscito de José de Diego, mientras el comisionado residente Félix Córdova Dávila hace lo propio en el Congreso. En 1922 el congresista Philip Campbell presenta el proyecto de Estado Libre Asociado, que queda en el limbo, tras lo cual la Asamblea Legislativa aprueba una resolución conjunta demandando del Congreso y el Presidente una explicación sobre su propósito político para con Puerto Rico. Silencio.
En 1930 el líder nacionalista Pedro Albizu Campos aboga por una convención constituyente para establecer la República de Puerto Rico y cuatro años más tarde el comisionado residente Santiago Iglesias Pantín radica el primer proyecto de estadidad. A partir de entonces, la febril batalla recorrerá los caminos de los proyectos Tydings y Marcantanio, el Gobernador Electivo, los Congresos Pro Independencia, el vetado plebiscito criollo de 1946, la violencia nacionalista de 1950, 1951 y 1954, la aprobación del ELA y su reconocimiento por la ONU. Pero tampoco el ELA es la solución: lo comprueban los doce intentos oficiales y fracasados del liderato estadolibrista por “mejorar, perfeccionar o culminar” la fórmula creada en 1952. La aprobación en 1960 por la ONU de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los pueblos coloniales avivó el debate por el fin del problema. Impotentes resultaron también los plebiscitos de 1967, 1993 y 1998, como igualmente los llamados de los presidentes Bush (padre) y Clinton a favor de un proceso que pueda asegurar la solución “del issue fundamental del status político”. El más reciente intento -el proyecto Young, aunque favorecido por las facciones estadista e independentista, vilipendiado por el Partido Popular y la combativa “sociedad civil” -también resulta un fracaso más, a pesar de contar con su aprobación (con un voto de ventaja) en la Cámara de Representantes federal, pero con la indiferencia del Senado. Así llegamos a la zarandeada Comisión de Unidad Puertorriqueña y Consenso (Cupco) y al proyecto de status de 2005, aprobado unánimemente por la Asamblea Legislativa, pero vetado por el gobernador Acevedo Vilá, contrariado por expresiones del liderato estadista rechazando la Asamblea Constitucional de Status como una de las alternativas procesales de cualquier consulta al electorado. Así llegamos a donde estamos, confiando nuevamente, esta vez en el informe que debe emitir la Casa Blanca sobre el status. ¿Saldremos, por fin, de esta encerrona política con el status, acabando con lo que el Congressional Research Service ha descrito como “señorío feudal” para referirse a la actual relación política de Estados Unidos con Puerto Rico? ¿Quién no quiere que así sea?
Lunes, 28 de noviembre de 2005
Por A. Quiñones Calderón
Especial para El Nuevo Día
Nota del editor: Antonio Quiñones Calderón es un experimentado periodista y autor de 22 libros, entre ellos Historia Política de Puerto Rico. Como parte de este artículo incluimos en Endi.com una amplia cronología del tema del status, preparada por el propio historiador.
Por más de 107 años, el liderato político de Puerto Rico ha estado demandando del Congreso y del Presidente de Estados Unidos la solución del status de la Isla, reclamo que “ha caído en oídos sordos”.
Si bien es cierto que la “temporal” Ley Foraker fue mantenida por el Congreso unos 17 años, contra las exigencias puertorriqueñas para su sustitución por una más liberal, y que desde entonces hasta la elección del Gobernador transcurrieron otras dos décadas, la tardanza e indiferencia ante los reclamos que vendrían después han más que reafirmado la dificultad y frustración de los puertorriqueños en su lucha por conseguir un régimen de gobierno propio.
Desde el inicio de la soberanía estadounidense sobre Puerto Rico en 1898, el liderato boricua ha reclamado al Congreso y al Ejecutivo federales el fin de “el oprobioso colonialismo”, las “verrugas coloniales”, el “déficit de democracia”, los “vestigios coloniales”, las “deficiencias democráticas”, y “la colonia más antigua del mundo”, al decir de las voces de diferentes e importantes líderes del patio en diferentes épocas. A lo largo del siglo, de varias formas y maneras, pacíficas y violentas, en no menos de 166 ocasiones, los puertorriqueños han llamado la atención por, o demandado del Congreso, como el principal centro de poder político decisivo sobre Puerto Rico, y de la Casa Blanca la solución del problema a todas luces colonial de la Isla.
Lo han hecho a través de propuestas de asambleas de pueblo, plebiscitos criollos, revuelta armada, resoluciones legislativas, comisiones de status, comités ad hoc, proyectos congresionales, audiencias en San Juan y Washington, conferencias internacionales, recursos judiciales a nivel federal, y hasta la recolección de firmas. Diferentes Ordenes Ejecutivas presidenciales han alimentado esos esfuerzos.
La peregrinación anual a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha agregado a esos esfuerzos.
El Colegio de Abogados y el Ateneo Puertorriqueño han añadido sus valiosas aportaciones a las propuestas de solución del perdurable problema. El primero lo ha hecho a través de reflexivos memoriales de su Comisión para el Estudio del Sistema Constitucional de Puerto Rico, mientras que el Ateneo Puertorriqueño, especialmente bajo la regencia de Eduardo Morales Coll, ha elaborado y divulgado unos juiciosos análisis, incluyendo una excelente resolución de su Comisión Especial para el Estudio del Futuro de Puerto Rico. Han puesto su granito de arena en esa lucha, partidos y movimientos autonomistas, estadistas e independentistas, alianzas, combinaciones políticas e ideológicas, y hasta “mogollas”. Nada ha producido los resultados anhelados. Por diversas vías se han colado los fracasos: el silencio de allá y el engaño, el afán de la prevalencia partidista, la jaibería, el rechazo directo o solapado por parte del pueblo, el veto y hasta la traición, de acá. La responsabilidad (o irresponsabilidad) parece compartirse en partes iguales: Congreso, Casa Blanca y liderato político puertorriqueño.
Las 166 gestiones ya anotadas se inician desde 1899 -18 meses después de la invasión- con Hostos, Henna y Zeno Gandía pidiendo al presidente William McKinley un plebiscito para que la Isla decida su futuro político. “Regresen a Puerto Rico, pónganse de acuerdo y vuelvan acá”, podría resumirse la respuesta. La reacción de Hostos es proponer una combinación de Asamblea de Pueblo y Plebiscito, idea que sucumbe ante la oposición de la facción integracionista de la isla. En 1900, la recién aprobada Ley Foraker alienta mayores bríos por una solución, incluyendo la radicación en el Congreso de proyectos para conceder la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, la elección de un Senado electivo o el otorgamiento de la Estadidad a la Isla.
En 1906 el presidente Theodore Roosevelt visita la Isla y recomienda al Congreso la concesión de la ciudadanía, pero se opone al resto de las demandas. Siete años después el presidente Woodrow Wilson propone brindar a los puertorriqueños “los más amplios y familiares derechos y privilegios acordados para nuestros propios ciudadanos en los territorios”, de lo que surge la Ley Jones de 1917, que tampoco cumple con las expectativas boricuas. Seguirá la propuesta de plebiscito de José de Diego, mientras el comisionado residente Félix Córdova Dávila hace lo propio en el Congreso. En 1922 el congresista Philip Campbell presenta el proyecto de Estado Libre Asociado, que queda en el limbo, tras lo cual la Asamblea Legislativa aprueba una resolución conjunta demandando del Congreso y el Presidente una explicación sobre su propósito político para con Puerto Rico. Silencio.
En 1930 el líder nacionalista Pedro Albizu Campos aboga por una convención constituyente para establecer la República de Puerto Rico y cuatro años más tarde el comisionado residente Santiago Iglesias Pantín radica el primer proyecto de estadidad. A partir de entonces, la febril batalla recorrerá los caminos de los proyectos Tydings y Marcantanio, el Gobernador Electivo, los Congresos Pro Independencia, el vetado plebiscito criollo de 1946, la violencia nacionalista de 1950, 1951 y 1954, la aprobación del ELA y su reconocimiento por la ONU. Pero tampoco el ELA es la solución: lo comprueban los doce intentos oficiales y fracasados del liderato estadolibrista por “mejorar, perfeccionar o culminar” la fórmula creada en 1952. La aprobación en 1960 por la ONU de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los pueblos coloniales avivó el debate por el fin del problema. Impotentes resultaron también los plebiscitos de 1967, 1993 y 1998, como igualmente los llamados de los presidentes Bush (padre) y Clinton a favor de un proceso que pueda asegurar la solución “del issue fundamental del status político”. El más reciente intento -el proyecto Young, aunque favorecido por las facciones estadista e independentista, vilipendiado por el Partido Popular y la combativa “sociedad civil” -también resulta un fracaso más, a pesar de contar con su aprobación (con un voto de ventaja) en la Cámara de Representantes federal, pero con la indiferencia del Senado. Así llegamos a la zarandeada Comisión de Unidad Puertorriqueña y Consenso (Cupco) y al proyecto de status de 2005, aprobado unánimemente por la Asamblea Legislativa, pero vetado por el gobernador Acevedo Vilá, contrariado por expresiones del liderato estadista rechazando la Asamblea Constitucional de Status como una de las alternativas procesales de cualquier consulta al electorado. Así llegamos a donde estamos, confiando nuevamente, esta vez en el informe que debe emitir la Casa Blanca sobre el status. ¿Saldremos, por fin, de esta encerrona política con el status, acabando con lo que el Congressional Research Service ha descrito como “señorío feudal” para referirse a la actual relación política de Estados Unidos con Puerto Rico? ¿Quién no quiere que así sea?
