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GAO presentará sus hallazgos sobre la economía de la Isla al comisionado Luis Fortuño, quien no podrá divulgarlos aún.
>GAO restringe el acceso a su informe
Jueves, 11 de mayo de 2006
WASHINGTON – Los detalles del estudio de la economía de Puerto Rico que realizó la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) pueden no divulgarse públicamente hasta junio.
Como condición para poder tener hoy acceso preliminar al informe económico, las autoridades puertorriqueñas han tenido que prometerle a GAO que cumplirán con una especie de mordaza que les han impuesto y que no hablarán a los periodistas sobre su contenido. GAO ya se ha negado a emitir comentarios sobre su estudio.
“Creo que han sido demasiados cautelosos”, expresó ayer el representante del Gobernador en Estados Unidos, Eduardo Bhatia, quien acompañará al secretario de Desarrollo Económico, Jorge Silva Puras, y otros asesores de La Fortaleza al encuentro de esta mañana de los representantes del Ejecutivo con funcionarios de la GAO.
Horas antes de presentarle los hallazgos preliminares al comisionado residente en Washington, Luis Fortuño, Silva Puras y Bhatia leerán el informe de la GAO en las propias oficinas de esa dependencia federal. No se les permitirá producir copias del documento, que debió estar listo en el verano de 2004, aunque suponen que les autorizarán realizar anotaciones.
Por su parte, Fortuño dijo que la GAO, brazo analítico del Congreso, le ha indicado que tras permitirle a las autoridades de la Isla “leer” el informe y presentarles sus comentarios, esa dependencia federal tendrá otros 30 días para presentar el estudio de forma oficial al Comité de Finanzas del Senado de Estados.
En ese momento, se hará público el estudio solicitado por el Comité de Finanzas en octubre de 2003, cuando estadolibristas y estadistas se boicoteaban el uno al otro tratando de conseguir que el Congreso aprobara su propia iniciativa en favor de nuevos incentivos tributarios para empresas que se establecen en Puerto Rico.
“La administración se reitera en que la eliminación de los incentivos de la sección 936 (del Código de Rentas Internas federal), sin una transición adecuada ni un sustituto moderno ha afectado adversamente la economía de la Isla, especialmente el sector de la manufactura”, indicó Bhatia.
Para el comisionado Fortuño, la crisis fiscal a que se enfrenta el Gobierno de Puerto Rico puede desincentivar cualquier interés del Congreso por promover una nueva iniciativa que promueva la inversión en la Isla.
“La percepción es que no podemos manejar nuestro presupuesto. ¿Van a autorizar una medida que pueda costar hasta $1,000 millones?”, cuestionó Fortuño, en referencia a comentarios del secretario Silva Puras de que cualquier nueva propuesta de incentivos federales que tenga un costo mayor a los $1,000 millones anuales no va a tener oportunidad de ser ratificada en el Congreso.
Fortuño indicó que por vez primera en sus 16 meses en el Congreso legisladores federales en las últimas horas sus colegas le han preguntado consecuentemente sobre un asunto referente a Puerto Rico, en este caso la crisis fiscal.
Mientras, Fortuño advirtió además que hasta el momento no ha propuesto ninguna medida específica de incentivos contributivos federales para empresas en la Isla ni a la GAO ni a la Comisión Conjunta de Asuntos Contributivos del Congreso, que deberá después rendir otro informe sobre el costo de las propuestas que analice la GAO.
El comisionado Fortuño reconoció que no tiene oposición al concepto de la propuestas que el Ejecutivo ha presentado ante la GAO y la Comisión Conjunta de Asuntos Contributivos del Congreso, que incluyen vincular la Isla a medidas que incentivan la investigación y desarrollo en la industria de la manufactura, y las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) establecidas en la Isla a créditos que se otorgan a los dividendos que obtienen subsidiarias estadounidenses.
Fortuño sostuvo que no va a “promover medidas que no sean viables”, como sucedió, a su juicio, conla enmienda del gobierno de Sila María Calderón a la sección 956. Su intención, dijo, es defender iniciativas en consulta con las corporaciones y el Comité Conjunto de Asuntos Contributivos.
La reunión de la GAO con representantes del Ejecutivo –incluidos funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento y la Junta de Planificación-, está prevista para la 9:00 a.m. de hoy. A Fortuño, los funcionarios de la GAO le visitarán alrededor de la 1:00 p.m
GAO presentará sus hallazgos sobre la economía de la Isla al comisionado Luis Fortuño, quien no podrá divulgarlos aún.
>GAO restringe el acceso a su informe
Jueves, 11 de mayo de 2006
WASHINGTON – Los detalles del estudio de la economía de Puerto Rico que realizó la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) pueden no divulgarse públicamente hasta junio.
Como condición para poder tener hoy acceso preliminar al informe económico, las autoridades puertorriqueñas han tenido que prometerle a GAO que cumplirán con una especie de mordaza que les han impuesto y que no hablarán a los periodistas sobre su contenido. GAO ya se ha negado a emitir comentarios sobre su estudio.
“Creo que han sido demasiados cautelosos”, expresó ayer el representante del Gobernador en Estados Unidos, Eduardo Bhatia, quien acompañará al secretario de Desarrollo Económico, Jorge Silva Puras, y otros asesores de La Fortaleza al encuentro de esta mañana de los representantes del Ejecutivo con funcionarios de la GAO.
Horas antes de presentarle los hallazgos preliminares al comisionado residente en Washington, Luis Fortuño, Silva Puras y Bhatia leerán el informe de la GAO en las propias oficinas de esa dependencia federal. No se les permitirá producir copias del documento, que debió estar listo en el verano de 2004, aunque suponen que les autorizarán realizar anotaciones.
Por su parte, Fortuño dijo que la GAO, brazo analítico del Congreso, le ha indicado que tras permitirle a las autoridades de la Isla “leer” el informe y presentarles sus comentarios, esa dependencia federal tendrá otros 30 días para presentar el estudio de forma oficial al Comité de Finanzas del Senado de Estados.
En ese momento, se hará público el estudio solicitado por el Comité de Finanzas en octubre de 2003, cuando estadolibristas y estadistas se boicoteaban el uno al otro tratando de conseguir que el Congreso aprobara su propia iniciativa en favor de nuevos incentivos tributarios para empresas que se establecen en Puerto Rico.
“La administración se reitera en que la eliminación de los incentivos de la sección 936 (del Código de Rentas Internas federal), sin una transición adecuada ni un sustituto moderno ha afectado adversamente la economía de la Isla, especialmente el sector de la manufactura”, indicó Bhatia.
Para el comisionado Fortuño, la crisis fiscal a que se enfrenta el Gobierno de Puerto Rico puede desincentivar cualquier interés del Congreso por promover una nueva iniciativa que promueva la inversión en la Isla.
“La percepción es que no podemos manejar nuestro presupuesto. ¿Van a autorizar una medida que pueda costar hasta $1,000 millones?”, cuestionó Fortuño, en referencia a comentarios del secretario Silva Puras de que cualquier nueva propuesta de incentivos federales que tenga un costo mayor a los $1,000 millones anuales no va a tener oportunidad de ser ratificada en el Congreso.
Fortuño indicó que por vez primera en sus 16 meses en el Congreso legisladores federales en las últimas horas sus colegas le han preguntado consecuentemente sobre un asunto referente a Puerto Rico, en este caso la crisis fiscal.
Mientras, Fortuño advirtió además que hasta el momento no ha propuesto ninguna medida específica de incentivos contributivos federales para empresas en la Isla ni a la GAO ni a la Comisión Conjunta de Asuntos Contributivos del Congreso, que deberá después rendir otro informe sobre el costo de las propuestas que analice la GAO.
El comisionado Fortuño reconoció que no tiene oposición al concepto de la propuestas que el Ejecutivo ha presentado ante la GAO y la Comisión Conjunta de Asuntos Contributivos del Congreso, que incluyen vincular la Isla a medidas que incentivan la investigación y desarrollo en la industria de la manufactura, y las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) establecidas en la Isla a créditos que se otorgan a los dividendos que obtienen subsidiarias estadounidenses.
Fortuño sostuvo que no va a “promover medidas que no sean viables”, como sucedió, a su juicio, conla enmienda del gobierno de Sila María Calderón a la sección 956. Su intención, dijo, es defender iniciativas en consulta con las corporaciones y el Comité Conjunto de Asuntos Contributivos.
La reunión de la GAO con representantes del Ejecutivo –incluidos funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento y la Junta de Planificación-, está prevista para la 9:00 a.m. de hoy. A Fortuño, los funcionarios de la GAO le visitarán alrededor de la 1:00 p.m
