La gran injusticia del doble tributo
Editorial de El Nuevo Día

28-Agosto-2006
El Departamento de Hacienda tendrá lista esta semana su solución para evitar que los ciudadanos paguen simultáneamente el arbitrio general del 6.6% y el nuevo impuesto al consumo del 7% que entrará en vigor el 15 de noviembre, pero eso se debió pensar mucho antes.


La imperdonable falta de visión sobre este problema por parte de todos los responsables de la legislación e implantación de la reforma contributiva, es otra prueba de cómo las deficiencias de esta medida afectarán negativamente a los consumidores y los contribuyentes del País.

En la lucha por lograr sus metas y visiones particulares sobre la reforma, la Legislatura y el Ejecutivo parece que se olvidaron de que la principal meta de este proyecto era capturar parte de los miles de millones de dólares de la economía informal que no tributan, no penalizar a los contribuyentes responsables.

Si Hacienda y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no logran una solución efectiva a este dilema, el consumidor saldrá trasquilado porque tendrá que pagar a sobreprecio los artículos que adquiera una vez arranque el impuesto de 7%, que se compone del impuesto estatal de 5.5% y el impuesto municipal de 1.5%, porque el proyecto que se aprobó no contempló un período de transición entre el cobro del impuesto a la venta y la suspensión del arbitrio del 6.6%.

Los comercios, particularmente los pequeños y medianos, también se afectan con esta situación porque, en promedio, los inventarios de los negocios en la Isla tardan entre dos y tres meses en agotarse, y en algunos casos podrían tardar hasta seis meses, lo que dificulta la reducción en los precios por el 6.6% que el comerciante ya pagó. Muchos de estos dueños de negocios no pueden absorber ese costo, que se sumaría a los aumentos en el costo de la energía, el agua y los fletes.

Entre las soluciones que se habían propuesto para eliminar la doble tributación estaba una sugerencia del DACO para realizar una “super venta especial” que ayudaría a los comerciantes a eliminar el inventario por el que ya pagaron el arbitrio al momento de entrar la mercancía al País.

Mientras, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Antonio Silva, trabaja en una legislación que les permitiría a los comerciantes restar de los recaudos del impuesto a la venta el costo del arbitrio del 6.6% de aquellos productos en inventario que vendan después del 15 de noviembre. La medida también le impondría multas onerosas, que sobrepasarían los $10,000, a los comercios que no bajen los precios de los productos una vez el impuesto a la venta entre en vigor.

Esta última parece ser la vía que seguirá Hacienda en su propuesta, pero definitivamente esto no evitaría de inmediato la doble tributación, por lo que podrían pasar meses antes de que los consumidores realmente vean una baja en los precios.

Desgraciadamente, como suele ser la norma reciente en Puerto Rico, los consumidores tendrán que realizar el trabajo que el Gobierno, al parecer, no tiene la capacidad de hacer y serán ellos los fiscalizadores principales de los comercios a partir del 15 de noviembre.

El otro factor que podría aminorar el impacto negativo de esta situación serán las fuerzas del mercado, ya que los negocios que bajen sus precios por un 6.6%, tendrían el favor del público y sus competidores se verán forzados a hacer lo mismo si quieren mantenerse en el mercado.

Sin embargo, el Gobierno no puede confiar en que esto ocurrirá así, y es imperativo que cualquier solución que finalmente decida implantar verdaderamente ponga por delante los intereses de los consumidores, lo que sería una excepción en este tormentoso proceso de reforma contributiva.