Restauración de mi Tierra

Isla del Cordero

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Preámbulo de la Constitución del ELA de Puerto Rico

Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el estado libre asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América.

Al así hacerlo declaramos:

Que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña;

Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político esta subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas,

Que consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la Constitución Federal; la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano; el afán por la educación; la fe en la justicia; la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica; la fidelidad a los valores del ser humano por encima de posiciones sociales, diferencias raciales e intereses económicos y la esperanza de un mundo mejor basado en principios

La Conciencia Democratica

Los requerimientos de la sociedad moderna del bienestar y el materialismo originan una creciente tendencia hacia la posibilidad de crisis moral y de valores éticos. Estos nuevos valores superfluos que rigen la interacción moderna hacen que las frágiles estructuras democráticas de muchos países se vean constantemente amenazados con flagelos como la corrupción, el trafico de favores y un sin numero más de realidades que conllevan a procesos de crisis al interno de estas sociedades. La ética moral queda en un lugar secundario o se redefine plegándose a las necesidades de los gobernantes de turno, pero también de los ciudadanos de todos los niveles sociales que contribuyen a secundar tan abominables practicas.

Sin embargo asumimos la postura del confortable sofá reclinable de los espectadores y desde el otro lado de la calle juzgamos a todos los bandidos y a todos sus cómplices, olvidando, más por conveniencia que por ignorancia, el trozo del pastel que nos toca por tan descabellada irresponsabilidad.

Los profesionales somos los primeros que vemos como podemos ligar una mordida para que los impuestos que nos correspondan sean revisados. Los burócratas, a veces por los niveles saláriales poco competitivos, otras por codicia y muchas otras por el sólo don de la avaricia, prefieren mirar para otro lado, mientras dejan hacer y dejan pasar. Los más pobres con sobornos por supuesto más simples, los más ricos con sobornos más valiosos y así cada quien poniendo lo suyo.

Educación cívica y educación moral son elementos que hoy día hacen mucha falta. Los valores se deshacen como hilachas y las nuevas generaciones no encuentran muchas fuentes de inspiración. La penetración de en nuestras sociedades de la valoración de la obsolencia de la sociedad PUERTORRIQUñA nos hace cambiar de muebles y de decoración con la facilidad con que cambiamos de ropa, por cierto esta muy a la moda.

Esa es la democracia que estamos construyendo, un régimen político donde los valores y las normas de conducta no son claras y donde los principios básicos son violados constantemente. Si es cierto la aseveración de muchas personas, como la de los politicos que deben señalar que el Gobierno debía considerar su Programa de educación a la región si es que realmente quiere tener éxito en sus relaciones con La Isla.

La educación es la llave del desarrollo y el cimiento de la democracia. La educación en principios cívicos, en orden social y en la justicia. El conocimiento de los derechos y las responsabilidades constituyen por si mismo el método más eficaz para que la democracia sea la experiencia real de los pueblos que luchan por su igualdad y sus derechos.

Los ciudadanos deben de poner en orden sus principios, su deberes y compromisos y tomar conciencia del significado de la democracia y del rol que les corresponde desempeñar en la sociedad en la cual les ha tocado vivir. Los padres debemos educar nuestros hijos con una verdadera Conciencia Democrática para que puedan ser hombres valiosos en el mañana.

Dias Claros

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Desafortunadamente, aunque hemos progresado como puertorriqueños, todavía existe esa marginación
Arturo Carrión
presidente del Condado del Bronx
Desafío a encontrar una solución al status
Por Huaralí Reyes Avilés / huarali.reyes@elnuevodia.com
Situación política de la Isla pesa sobre los hombros de la diáspora boricua

El presidente del Condado del Bronx, Adolfo Carrión, aseveró hoy que Puerto Rico no puede seguir en la parálisis política y social que lo mantiene como la colonia más antigua del mundo, por lo que es necesaria una discusión seria sobre el status y el futuro de los puertorriqueños.
Según Carrión, los puertorriqueños han alcanzado un nivel de desarrollo y de educación alto y el próximo paso debe ser el empoderamiento de nuestro pueblo.

El funcionario fungió como orador invitado de la asamblea de la Convención del Colegio de Abogados de Puerto Rico que se llevó a cabo en el hotel Westin Río Mar en Río Grande.

Durante su intervención, Carrión recordó las vicisitudes que enfrentaron sus padres y la generación de puertorriqueños que en las décadas del 1950 y 60 llegaron a la ciudad de Nueva York en busca de una mejor vida. En cambio, encontraron un ambiente hostil.

Desafortunadamente, aunque hemos progresado como puertorriqueños, todavía existe esa marginación Todavía existe pobreza, desempleo y una comunidad que sigue luchando en contra de eso, dijo.

Afirmó también que la diáspora boricua en Estados Unidos ha logrado ciertas aportaciones al desarrollo de la nación americana con el desarrollo de líderes y profesionales. Sin embargo, tenemos yugos que siguen sobre nuestros hombros. Uno de esos yugos es que somos la colonia de más larga existencia en el planeta Tierra y el status se manifiesta en nuestra realidad política económica y social.

Como alternativa, Carrión propone un desafío a las nuevas generaciones para que asuman la responsabilidad de la discusión del status y el futuro de los puertorriqueños, no sólo los que están en la Isla, sino también los que residen en Nueva York y otras partes del mundo.

El desafío de esta generación es construir puentes para conectar a nuestras comunidades, puntualizó.

El tercer presidente del Condado del Bronx de ascendencia puertorriqueña destacó que hay que discutir en serio, no en las noticias o a través de los periódicos, qué va a ocurrir con este pueblo en el futuro porque no podemos seguir en la parálisis en la que estamos.

El funcionario hizo una analogía entre el pueblo judío -que aunque disperso alrededor del mundo, siempre se identifica como parte de esa nación- y los puertorriqueños.

Hay falta de consciencia de cuál es el sufrimiento del pueblo puertorriqueño y cómo podemos colaborar para que los puertorriqueños estén protegidos donde quiera que estén. Parte de esa discusión es el status, sostuvo.

El Condado del Bronx que tiene una población de 1.4 millones de residentes, casi todos hispanos

Conversión

Son tiempos de reforma
Gerardo Navas
Profesor de la Escuela de Planificación de la UPR
08-Septiembre-2006

Las dificultades del País trascienden los personajes del drama político que vivimos. Ciertos límites genéticos de nuestras instituciones se evidencian preocupantemente ante los reclamos de la nueva modernidad. Se trata de límites políticos y gubernamentales que entrelazados a viejos problemas y a nuevas exigencias constriñen las posibilidades de la actuación autónoma del Estado y el propio entendimiento.
Estos límites han impedido la superación de muchos problemas que por su testaruda permanencia dan la impresión de formar parte endémica de nuestra realidad: la marginalidad, el desempleo y la pobreza, entrelazados a la abundancia y al privilegio de los grupos integrados a la economía formal (Perspectiva-13-01-06), el estancamiento por varias décadas de nuestra economía; el desparrame, el deterioro urbano y ambiental, la congestión vehicular; la drogadicción y la violencia; el tranque del status (Perspectiva-11-08-06).

Entre los factores que inciden en la reproducción de la pobreza y el estancamiento económico acentuamos la cuestión de la tierra y el sistema contributivo que la ignora, concentrando el gravamen sobre los factores activos de la producción: el trabajo y el capital (Perspectivas-10-03-06).

Este sistema castiga y desalienta la producción y premia la apropiación privada de la renta de la tierra, que es ciertamente producto social. La tierra encarecida dificulta la producción, elimina industrias, aumenta el desempleo, deprime el salario y funciona como un sifón que succiona y concentra la riqueza en manos de pocos y distribuye la pobreza en la vida de muchos. La pobreza contribuye a la criminalidad; la dinámica de la tierra, al abandono de la ciudad y al desparrame (Perspectivas-7-04-06).

Se precisa ciertamente una reforma dirigida a habilitar las instituciones públicas y privadas para implantar un proyecto económico estratégicamente informado que movilice industria, capital y trabajo, propicie la integración e internacionalización de la economía y la dinamice sostenidamente.

Urge la reforma institucional de la planificación del uso del suelo. Sin embargo, hasta que se instituya una reforma contributiva enfocada en la tierra, se libere al capital y al trabajo y se diversifiquen las fuentes de ingresos de la población haciéndolas partícipes del capital y de la tierra, no habrá superación de la pobreza ni por el lado del crecimiento ni por el lado de la distribución. Otros proyectos económicos valiosos del pasado, ciegos ante esta realidad, no la superaron.

Mientras no se concentre el impuesto sobre lo único que no puede esconderse, la tierra, existirá el desaliento de la producción, la evasión, la inequidad.

Sin esta reforma, la política social continuará concentrada en el mantengo y en la redistribución del ingreso arrebatado al salario y al capital y el estado obligado a cumplir su función como empleador y agente de bienestar social generalizado; continuará el desparrame con o sin plan de usos; el tranque del status perdurará.

Los límites políticos son tan viejos como los problemas planteados. Estos se exacerban sin embargo, por la explosión de las comunicaciones, la liberación de las necesidades y la expansión de la participación y las demandas sociales.

En el proceso, el Estado se tornó presa de los grupos empobrecidos, que reclaman accesos inmediatos al mantengo a cambio del voto, de otros más pudientes a cambio de la contribución económica y de grupos activistas espurios, autodesignados representantes de la comunidad, que proclaman su desmantelamiento. La proliferación de dicho activismo, desde fuera o como guerrilla al interior del Estado, es alimentada por los medios que lo acogen y lo propagan frecuentemente con menos escepticismo que el que recibe el mensaje del Gobierno.

Estos procesos conducen a la pérdida de autonomía del Estado y al dominio de lo inmediato en la agenda pública.

Ciertamente, la reforma del Gobierno es necesaria e impostergable. Ésta deberá superar los límites de la burocracia clásica y la tecnología mecánica y reconstituir la madeja de procesos indocumentados, inconexos y confusos, productos de la transición tecnológica y social que experimentamos (Perspectiva-9-06-06).

Sin embargo, hasta que se instituyan procesos institucionales que permitan superar la sujeción del Estado, el Gobierno podrá mejorar su eficiencia y carecerá de la visión compartida que module los reclamos electorales y la satisfacción de las necesidades inmediatas como parte de un proyecto sostenible de desarrollo. Sin esta visión concertada, podremos llegar eficientemente a un lugar cualquiera, pero no al que podemos y debemos llegar.

Práctica y moralmente estamos obligados; son tiempos de reforma.

La Maldición del cezar

La gran injusticia del doble tributo
Editorial de El Nuevo Día

28-Agosto-2006
El Departamento de Hacienda tendrá lista esta semana su solución para evitar que los ciudadanos paguen simultáneamente el arbitrio general del 6.6% y el nuevo impuesto al consumo del 7% que entrará en vigor el 15 de noviembre, pero eso se debió pensar mucho antes.

La imperdonable falta de visión sobre este problema por parte de todos los responsables de la legislación e implantación de la reforma contributiva, es otra prueba de cómo las deficiencias de esta medida afectarán negativamente a los consumidores y los contribuyentes del País.

En la lucha por lograr sus metas y visiones particulares sobre la reforma, la Legislatura y el Ejecutivo parece que se olvidaron de que la principal meta de este proyecto era capturar parte de los miles de millones de dólares de la economía informal que no tributan, no penalizar a los contribuyentes responsables.

Si Hacienda y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no logran una solución efectiva a este dilema, el consumidor saldrá trasquilado porque tendrá que pagar a sobreprecio los artículos que adquiera una vez arranque el impuesto de 7%, que se compone del impuesto estatal de 5.5% y el impuesto municipal de 1.5%, porque el proyecto que se aprobó no contempló un período de transición entre el cobro del impuesto a la venta y la suspensión del arbitrio del 6.6%.

Los comercios, particularmente los pequeños y medianos, también se afectan con esta situación porque, en promedio, los inventarios de los negocios en la Isla tardan entre dos y tres meses en agotarse, y en algunos casos podrían tardar hasta seis meses, lo que dificulta la reducción en los precios por el 6.6% que el comerciante ya pagó. Muchos de estos dueños de negocios no pueden absorber ese costo, que se sumaría a los aumentos en el costo de la energía, el agua y los fletes.

Entre las soluciones que se habían propuesto para eliminar la doble tributación estaba una sugerencia del DACO para realizar una super venta especial que ayudaría a los comerciantes a eliminar el inventario por el que ya pagaron el arbitrio al momento de entrar la mercancía al País.

Mientras, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Antonio Silva, trabaja en una legislación que les permitiría a los comerciantes restar de los recaudos del impuesto a la venta el costo del arbitrio del 6.6% de aquellos productos en inventario que vendan después del 15 de noviembre. La medida también le impondría multas onerosas, que sobrepasarían los $10,000, a los comercios que no bajen los precios de los productos una vez el impuesto a la venta entre en vigor.

Esta última parece ser la vía que seguirá Hacienda en su propuesta, pero definitivamente esto no evitaría de inmediato la doble tributación, por lo que podrían pasar meses antes de que los consumidores realmente vean una baja en los precios.

Desgraciadamente, como suele ser la norma reciente en Puerto Rico, los consumidores tendrán que realizar el trabajo que el Gobierno, al parecer, no tiene la capacidad de hacer y serán ellos los fiscalizadores principales de los comercios a partir del 15 de noviembre.

El otro factor que podría aminorar el impacto negativo de esta situación serán las fuerzas del mercado, ya que los negocios que bajen sus precios por un 6.6%, tendrían el favor del público y sus competidores se verán forzados a hacer lo mismo si quieren mantenerse en el mercado.

Sin embargo, el Gobierno no puede confiar en que esto ocurrirá así, y es imperativo que cualquier solución que finalmente decida implantar verdaderamente ponga por delante los intereses de los consumidores, lo que sería una excepción en este tormentoso proceso de reforma contributiva.

El Nuevo Evangelio Judas descubierto

Aun los que escriben este articulo,todos son traidores por ideales y economia.....

Viernes, 19 de mayo de 2006

Por Fernando Martín

Pres. Ejecutivo del PIP

Desde la campaña electoral del año 2004 el Partido Independentista ha venido denunciando sistemáticamente la conspiración entre los grandes intereses económicos que controlan la economía de Puerto Rico, y los dos partidos que los representan -el PPD y el PNP- para imponer una contribución sobre el consumo al pueblo puertorriqueño.

Este impuesto sobre la venta tiene como propósito lograr nuevos recaudos en cantidad suficiente para impedir que se busque la solución al problema de las finanzas públicas donde debe buscarse, es decir, en las ganancias multibillonarias que se repatrian anualmente al exterior y que hoy gozan de una virtual inmunidad contributiva.

Si bien ese es el propósito del impuesto sobre la venta, cuando falta apenas un año para que expire la actual ley de incentivos industriales, la consecuencia del mismo es agravar el empobrecimiento de la clase media y trabajadora que ya tiene que soportar sobre sus espaldas el setenta y cinco por ciento de la carga contributiva del país.

Durante la campaña electoral el PIP denunció que el candidato del PPD, Aníbal Acevedo Vilá, estaba comprometido también con el impuesto sobre el consumo a pesar de sus múltiples aseveraciones de que no habría de apoyarlo. Como cuestión de realidad fue su campaña contra el sales tax (que el PNP siempre ha favorecido) lo que le logró su frágil margen de triunfo electoral. Se salió con la suya, y apenas fue juramentado se convirtió en el principal promotor de dicho impuesto. Lo que antes combatía, hoy nos dice que es la salvación al país.

La encuesta publicada esta semana por el periódico El Nuevo Día revela, sin embargo, que el sesenta y ocho por ciento de los puertorriqueños se opone al impuesto sobre la venta. ¿Cómo explicarse entonces que ante esta realidad abrumadora tanto el Gobernador como la Legislatura insistan en limitar el debate a si el impuesto debe ser del cuatro o del siete por ciento? Esta insistencia no es otra cosa que la más fehaciente evidencia de un compromiso inalterable tanto del PPD como del PNP con una visión del desarrollo económico de Puerto Rico basado en privilegios y exenciones contributivas desmedidas al gran capital extranjero.

Ambos partidos, sustentados económicamente en sus campañas por los representantes de esos mismos intereses, persisten en las mismas estrategias de desarrollo económico que han fracasado estrepitosamente en Puerto Rico y que han conducido a la crisis estructural y permanente en que está sumido nuestro país.

Ante la perspectiva de tener que cuadrar los próximos presupuestos y sabiendo que las grandes corporaciones que repatriaron el año pasado más de treinta mil millones pagaron menos del cinco por ciento en contribución sobre ingresos, lo único en que coinciden el Gobernador y la Legislatura es en que la solución está en imponer un impuesto al consumo dejando intactas a las grandes corporaciones. Esto es alta traición.

La realidad es que el PIP viene denunciando las políticas de regalías contributivas de los gobiernos de Puerto Rico desde hace décadas. En infinidad de ocasiones hemos presentado propuestas de reforma contributiva que no sólo promovían la equidad y la justicia en la distribución de la carga contributiva sino que además constituían herramientas efectivas para el desarrollo económico frente al fracaso documentado del modelo vigente.

Nos tocó -como tantas veces- clamar en el desierto. Tiene por lo tanto que ser fuente de satisfacción y orgullo ver cómo nuestro análisis y nuestras consignas de que paguen más los que más pueden hayan sido recogidas por la gran mayoría de nuestro pueblo. Felicito especialmente a los legisladores del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón en el Senado y a Víctor García San Inocencio en la Cámara, quienes han dado una batalla sin cuartel en la Asamblea Legislativa contra el impuesto sobre la venta y quienes han representado al país, solos, contra el contubernio entre los grandes intereses y el Gobernador y la Legislatura.

Le corresponde ahora al país hacer una evaluación sobre dónde estamos como pueblo en este momento, sobre cuáles son los derroteros a seguir en el futuro, y sobre quiénes de sus dirigentes están realmente comprometidos con el bien común.

La crisis que hemos vivido -y que habrá de continuar bajo distintas formas- no es otra cosa que una manifestación del colapso de un modelo colonial agotado y desacreditado. Aprovechamos esta experiencia para exigir no sólo la justicia contributiva y la eficacia gubernamental sino también la necesaria e inexorable descolonización de nuestra patria.

El Aguila Simibolo de Exelencia

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GAO presentará sus hallazgos sobre la economía de la Isla al comisionado Luis Fortuño, quien no podrá divulgarlos aún.

>GAO restringe el acceso a su informe

Jueves, 11 de mayo de 2006

WASHINGTON Los detalles del estudio de la economía de Puerto Rico que realizó la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) pueden no divulgarse públicamente hasta junio.

Como condición para poder tener hoy acceso preliminar al informe económico, las autoridades puertorriqueñas han tenido que prometerle a GAO que cumplirán con una especie de mordaza que les han impuesto y que no hablarán a los periodistas sobre su contenido. GAO ya se ha negado a emitir comentarios sobre su estudio.

Creo que han sido demasiados cautelosos, expresó ayer el representante del Gobernador en Estados Unidos, Eduardo Bhatia, quien acompañará al secretario de Desarrollo Económico, Jorge Silva Puras, y otros asesores de La Fortaleza al encuentro de esta mañana de los representantes del Ejecutivo con funcionarios de la GAO.

Horas antes de presentarle los hallazgos preliminares al comisionado residente en Washington, Luis Fortuño, Silva Puras y Bhatia leerán el informe de la GAO en las propias oficinas de esa dependencia federal. No se les permitirá producir copias del documento, que debió estar listo en el verano de 2004, aunque suponen que les autorizarán realizar anotaciones.

Por su parte, Fortuño dijo que la GAO, brazo analítico del Congreso, le ha indicado que tras permitirle a las autoridades de la Isla leer el informe y presentarles sus comentarios, esa dependencia federal tendrá otros 30 días para presentar el estudio de forma oficial al Comité de Finanzas del Senado de Estados.

En ese momento, se hará público el estudio solicitado por el Comité de Finanzas en octubre de 2003, cuando estadolibristas y estadistas se boicoteaban el uno al otro tratando de conseguir que el Congreso aprobara su propia iniciativa en favor de nuevos incentivos tributarios para empresas que se establecen en Puerto Rico.

La administración se reitera en que la eliminación de los incentivos de la sección 936 (del Código de Rentas Internas federal), sin una transición adecuada ni un sustituto moderno ha afectado adversamente la economía de la Isla, especialmente el sector de la manufactura, indicó Bhatia.

Para el comisionado Fortuño, la crisis fiscal a que se enfrenta el Gobierno de Puerto Rico puede desincentivar cualquier interés del Congreso por promover una nueva iniciativa que promueva la inversión en la Isla.

La percepción es que no podemos manejar nuestro presupuesto. ¿Van a autorizar una medida que pueda costar hasta $1,000 millones?, cuestionó Fortuño, en referencia a comentarios del secretario Silva Puras de que cualquier nueva propuesta de incentivos federales que tenga un costo mayor a los $1,000 millones anuales no va a tener oportunidad de ser ratificada en el Congreso.

Fortuño indicó que por vez primera en sus 16 meses en el Congreso legisladores federales en las últimas horas sus colegas le han preguntado consecuentemente sobre un asunto referente a Puerto Rico, en este caso la crisis fiscal.

Mientras, Fortuño advirtió además que hasta el momento no ha propuesto ninguna medida específica de incentivos contributivos federales para empresas en la Isla ni a la GAO ni a la Comisión Conjunta de Asuntos Contributivos del Congreso, que deberá después rendir otro informe sobre el costo de las propuestas que analice la GAO.

El comisionado Fortuño reconoció que no tiene oposición al concepto de la propuestas que el Ejecutivo ha presentado ante la GAO y la Comisión Conjunta de Asuntos Contributivos del Congreso, que incluyen vincular la Isla a medidas que incentivan la investigación y desarrollo en la industria de la manufactura, y las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) establecidas en la Isla a créditos que se otorgan a los dividendos que obtienen subsidiarias estadounidenses.

Fortuño sostuvo que no va a promover medidas que no sean viables, como sucedió, a su juicio, conla enmienda del gobierno de Sila María Calderón a la sección 956. Su intención, dijo, es defender iniciativas en consulta con las corporaciones y el Comité Conjunto de Asuntos Contributivos.

La reunión de la GAO con representantes del Ejecutivo incluidos funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento y la Junta de Planificación-, está prevista para la 9:00 a.m. de hoy. A Fortuño, los funcionarios de la GAO le visitarán alrededor de la 1:00 p.m